Jordà: 'La crisi econòmica comporta una davallada en l’ús dels anticonceptius i posa en risc el dret a accedir a l’anticoncepció d’última generació'


La diputada d’ERC-RCat-Catalunya Sí, Teresa Jordà, ha presentat una proposició de no llei, en el que demana al Govern Espanyol que augmenti el finançament dels mètodes anticonceptius per garantir el dret de les dones a accedir als mètodes per a la regulació de la fertilitat.

Segons Jordà la crisi econòmica comporta una davallada en l’ús dels anticonceptius i posa en risc el dret a accedir a l’anticoncepció d’última generació com a via per a la prevenció dels embarassos no desitjats.

La Proposició no de llei presentada insta al Govern espanyol a:

- Augmentar el finançament dels mètodes anticonceptius d’última generació ja inclosos a la cartera des serveis comuns del Sistema Nacional de Salut per garantir que la situació econòmica no suposi una barrera per l’accés de les dones en aquest tipus d’anticoncepció.

- Garantir el dret de les dones a accedir a la gamma més amplia possible de mètodes, segurs, efectius i accessibles per a la regulació de la fertilitat.

- Exercir un estricte control sobre la repercussió que la crisi econòmica té en la davallada de l’ús anticonceptius i, per conseqüència, en l’augment d’embarassos no desitjats i prendre les mesures per prevenir i adorada de forma efectiva aquesta realitat.

TEXT DE LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


El Grupo Mixto, a instancia de la diputada TERESA JORDÀ I ROURA, de ESQUERRA REPUBLICANA-CATALUNYA-SÍ (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre medidas para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales



Congreso de los Diputados, junio de 2012














Teresa Jordà i Roura, Portavoz Grupo Parlamentario
Diputada Esquerra Republicana
Catalunya-Sí
ERC-RCat-CatSí




Exposición de motivos


El derecho a decidir si tener hijos e hijas y cuándo tenerlos está reconocido como un derecho reproductivo por la Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos aprobada por la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) en 1995. Ese derecho, recogido en la legislación española en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria y del embarazo, comporta asegurar el acceso de las personas a la gama más amplia posible de métodos seguros, efectivos y accesibles para la regulación de la fertilidad.

La disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, establecía que el gobierno, en el plazo de un año de la entrada en vigor de la Ley debía concretar la efectividad del acceso a los métodos anticonceptivos. Concretamente, la ley establece que se incluya los anticonceptivos de última generación cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia científica, en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, en las mismas condiciones que las prestaciones farmacéuticas con financiación pública. El día 7 de julio de 2011 era el día en que se cumplía el plazo para la financiación parcial o total de estos métodos más modernos y su inclusión en el Sistema Nacional de Salud. Ese mismo año, el Gobierno aprobó la financiación de tres métodos de última generación, dos de ellos en formato de píldoras y uno de ellos de tipo implante.

La cofinanciación de estos métodos anticonceptivos no parece suficiente a la luz de los datos que revelan que la crisis económica está propiciando una tendencia a la baja en el uso de los anticonceptivos. Concretamente, casi dos millones de mujeres en el Estado español se exponen al riesgo de un embarazo no deseado. Mientras el preservativo es usado por el doble de mujeres que en la media europea, la píldora anticonceptiva es usada en un 50% menos que la media y esta situación se explica en parte por su coste y más en el contexto actual.

La Orden SCO/3422/2007, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el procedimiento de actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud prevé la actualización de la misma para asegurar la protección de los grupos menos protegidos. En este caso, parece evidente que el impacto de la coyuntura económica en determinados grupos de mujeres pone en peligro su derecho de acceder a la anticoncepción de última generación como vía para la prevención de los embarazos no deseados.



Por todo ello se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Congreso de los Diputados insta al gobierno español a:

- Aumentar la financiación de los métodos anticonceptivos de última generación ya incluidos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para garantizar que la situación económica no supone una barrera para el acceso de las mujeres a este tipo de anticoncepción.

- Incluir métodos hormonales en otros formatos, como los anillos vaginales o los parches, en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud en virtud de la Orden SCO/3422/2007, de 21 de noviembre, para garantizar el derecho de las mujeres a acceder a la gama más amplia posible de métodos seguros, efectivos y accesibles para la regulación de la fertilidad.

- Ejercer un control estricto sobre la repercusión que la crisis económica tiene en la disminución del uso de los anticonceptivos y, por consecuencia, en el aumento de embarazos no deseados y tomar todas las medidas a su alcance para prevenir y abordar de forma efectiva esta realidad.